A pesar de la decisión de la Corte, el acuerdo ilegítimo sigue avanzando. Farc anunciaron suspensión de la dejación de armas.

La Corte Constitucional ha declarado como contrarias a la Carta Política del 91 dos normas del llamado acto legislativo para la paz. Son a) la que establecía la necesidad de un aval previo del Gobierno para que los congresistas pudieran proponer modificaciones a los proyectos que le presentaran para desarrollar el acuerdo remendado con las Farc y b) el requisito de que todos esos proyectos tenían que ser aprobados en bloque y no artículo por artículo como es lo debido. La demanda la hizo Iván Duque, a nombre del Centro Democrático, que merece todos los aplausos.

Esas esperpénticas normas estaban hechas a la medida de las Farc, como un seguro para que no se cambiara sin su visto bueno nada de lo que acordaron con el Gobierno. Y prueban que el Congreso, que se emasculó a sí mismo, era un mero firmón de lo que guerrilla y Santos le presentaran.

La argumentación de la Corte coincide con lo que hemos sostenido en relación con esos actos legislativos: sustituyen la Constitución y atentan contra la naturaleza misma de la democracia y los sistemas de separación de las distintas ramas del poder público y de frenos y contra pesos indispensables en un estado de derecho.

En efecto, según la Corte, “someter la actuación del Congreso en el trámite de implementación del acuerdo, en relación con proyectos normativos que tienen iniciativa privativa del gobierno, a un límite conforme al cual el Congreso solo puede introducirle modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del gobierno nacional y que, además, solo pueda decidirse sobre la totalidad de cada proyecto, en una sola votación, implica una limitación que desnaturaliza las competencias del Congreso, lo subordina desproporcionadamente a la actuación de otra de las ramas del poder público y reduce a niveles inadmisibles las posibilidades de deliberación política y los espacios de participación de las minorías”. La negrilla es mía.

Aunque es un avance, no es para echar campanas al vuelo. Para empezar porque fue la Constitucional la que avaló el desconocimiento del plebiscito y el reemplazo de la voluntad popular por una dizque “refrendación” por los congresistas enmermelados y los que renunciaron a sus convicciones porque “la paz” lo vale todo. Unas decisiones vergonzosas que mancharán para siempre a los parlamentarios y magistrados que las tomaron. Si todos aun siguieran ahí, no dudo de que la sentencia que hoy aplaudimos sería en sentido contrario. Esperemos que los nuevos magistrados sigan entendiendo que no hay “paz” que pueda construirse sobre las cenizas de la democracia y de las instituciones.

Por otro lado, como la Corte dijo que su decisión no tenía efectos retroactivos, los engendros aprobados antes de esta sentencia están a salvo y la mayor parte del daño ya hecho. La recuperación de algunas de las facultades que los congresistas, excepto los del Centro Democrático y Sofía Gaviria, se habían cercenado a sí mismos, solo operará hacia adelante. Y como este Congreso enmermelado le vota todo a Santos y a las Farc, es probable que sigan aprobándole al contubernio gobierno guerrillero lo que sea, aunque atente de frente contra la democracia o las instituciones republicanas y la favorabilidad presidencial sea solo del 15%.

Pero si Cambio Radical y el partido Conservador empiezan a tomar distancia, como puede ocurrir en el segundo semestre, a Santos le costará mucha más mermelada y hasta quizás haya alguna sorpresa.

Así que, a pesar de la decisión de la Corte, el acuerdo ilegítimo sigue avanzando. Y las Farc siguen cogobernando por vía del desgraciado comité de seguimiento y verificación, donde están sentados y tienen poder de veto, que debe darle el visto bueno previo a todo lo que haga el gobierno.

Sin embargo, las Farc tras conocer la sentencia se declararon en “asamblea permanente”, anunciaron la suspensión del proceso de dejación de armas y dejaron en claro como entienden el estado de derecho y la separación de las ramas del poder público: según ellas, el acuerdo “no puede descarrilarse por decisiones judiciales. Este proceso necesita más hechos y menos leyes”. Una prueba más, otra, de que las Farc no le apuestan a la democracia sino a llegar al poder por vía de los favores y beneficios recibidos de Santos y de atropellar la voluntad del pueblo, la Constitución y las instituciones republicanas.

@RafaNietoLoaiza

Publicado: mayo 23 de 2017