Una trascendental decisión fue comunicada esta semana por el alcalde de Floridablanca Héctor Guillermo Mantilla, a los habitantes de la ciudad con la que restablece la prosperidad y convivencia en la jurisdicción, dado el caos que se venía ocasionando por el abuso por parte del concesionario de los mecanismos electrónicos de fotodetección de infracciones de tránsito o fotomultas, quien por medio de cámaras móviles instaladas sobre varios vehículos, se desplazaba captando imágenes de vehículos mal estacionados, pero sin tener en cuenta circunstancias de atenuación por las paradas momentáneas frente a colegios, iglesias y sectores del comercio.
Luego de veinte meses de estudios y análisis jurídicos sobre una concesión a quince años, heredada y amañada, que fue suscrita por el alcalde del municipio y el director de tránsito del turno al finalizar el 2011, el joven burgomaestre Mantilla encontró los elementos y bases jurídicas para soportar la expedición de un acto administrativo que pone en cintura los mecanismos de foto detección e infracciones operadas sobre vehículos automotores. Desde ahora el alcalde dispuso que mientras los vehículos que transportan las cámaras se encuentren en movimiento, estos dispositivos no podrán estar en funcionamiento y si eso sucediera las actuaciones o pruebas que se aporten para dar lugar a comparendo, no serán tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al momento de validar la infracción, por carecer éstas de las circunstancias procedimentales reguladas en el nuevo acto administrativo.
En otras palabras, el vehículo utilizado por el concesionario para recaudar las imágenes probatorias sólo podrá operar desde puntos fijos, previamente definidos y señalizados, lugar desde donde podrá desplazar mecánicamente el dispositivo para captar y grabar las imágenes de mal parqueo, previa acción administrativa persuasiva que advierta sobre la presencia del vehículo caza infractores y sobre la prohibición. Ya no serán operativos sorpresa y a mansalva.
La decisión es la más adecuada y fue recibida con beneplácito por los comerciantes y ciudadanos en general, dado que ya existía una campaña mediática en contra del municipio, la cual invitaba a no visitar la ciudad y a incentivar el traslado de cuentas o matriculas de vehículos automotores como medida de rechazo a las fotodetecciones.
La ciudad que recibe a diario un sinnúmero de turistas, en donde se produce la tradicional oblea, se estaba viendo afectada por el acoso desmedido del concesionario en áreas en las que la movilidad es baja. Así mismo era notorio el descuido en cuanto a la realización de operativos de control de velocidad tanto en horas diurnas como nocturnas. Al concesionario no le estaba interesando nada distinto a las fotodetecciones en las áreas de comercio alto y en horas diurnas; en la noche, pese a que existe el mayor índice de accidentalidad y posibilidad de ocurrencia de excesos de velocidad, no realizaba ningún operativo de control, con la excusa de evitar la carga laboral y prestacional que se requiere, pese a que la concesión comprende las 24 horas.
El contrato de concesión se encuentra cuestionado judicialmente ya que los actos que dieron origen están demandados y en fallo de primera instancia fue decretada su legalidad parcial en cuanto al termino de duración de la concesión y en consecuencia ordena que se ajuste a cinco años y no a los quince como inicialmente se estableció, pero con la carga de imponer un mecanismo alternativo para conciliar de forma directa la expectativa económica en favor del concesionario por los diez años que deja de ejecutar y de percibir una utilidad del contrato.
Así las cosas, la decisión de poner en cintura los abusos del concesionario quien con una “patente de corso” otorgada por una administración anterior en los días previos a entregar, otorgó una concesión leonina sobre la cual la Fiscalía General de la Nación en su política de “Bolsillos de Cristal” del Fiscal Néstor Humberto Martínez, debería priorizar; por ahora, tendrá que respetar la decisión administrativa que alivia la situación, ante el atropello y enriquecimiento sin causa de la poderosa familia dueña del “negocio de las fotomultas” cuyos tentáculos llegan hasta el propio despacho del Presidente Juan Manuel Santos.
Publicado: octubre 4 de 2017