Una de las más fuertes disputas que se han presentado por el control de una universidad, ha tenido lugar en la ciudad de Barranquilla, entre la familia Acosta -una de las más prestigiosas y reconocidas de la capital del Atlántico- y los Jaller, unos sujetos oriundos del departamento de Sucre.
Hace más de 40 años, el patriarca de la familia Acosta, el legendario congresista Gabriel Acosta Bendek y sus hermanos, crearon la fundación que lleva sus apellidos, para efectos de que ésta sirviera de sombrilla de una universidad especializada en programas de educación superior en el área de la salud, para estudiantes provenientes de hogares de escasos recursos.
El último de los hermanos Acosta Bendeck en ocupar la rectoría, fue Eduardo quien, por su avanzada edad dio un paso al costado y en su reemplazo, el consejo directivo de la Metropolitana designó a Carlos Jaller.
Jaller, casado con la hija de uno de los Acosta Bendeck, convirtió a la universidad en un feudo propio, nombrando a sus amigos, parientes y mujeres con las que sostenía relaciones sentimentales. En pocos meses, el despilfarro era rampante y lo que empezó siendo un rumor, se convirtió en un asunto que obligó a que los miembros de la fundación Acosta Bendeck pusieran la lupa sobre el centro académico, específicamente sobre las arcas del mismo.
El resultado, fue escandaloso. Con base en informes rendidos por el revisor fiscal, un hombre de la entera confianza de los Acosta Bendeck, se determinó que había un faltante superior a los $30 mil millones de pesos.
La primera medida consisitó en presentar las respectivas denuncias penales y, acto seguido, se procedió a sacar a Jaller de la rectoría.
Empezó así un dramático pulso entre el cuestionado y destituido Jaller y los Acosta, familia que ha sido víctima de una persecución sin igual, en la que han abundado episodios totalmente macondianos.
Acudiendo a la administración de justicia, Jaller, a través de un fiscal muy cuestionado -Gustavo Adolfo Orozco Pertuz-, logró materializar un proceso penal temerario en contra de aquellos que descubrieron el robo de la universidad y que procedieron a destituirlo y a denunciarlo.
- Es importante que lea Cae fiscal denunciado por Los Irreverentes
A todas luces, los Acosta no cometieron ningún delito, razón por la que la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, convocó a un comité de fiscales especializados para revisar a fondo el caso llevado por Orozco Pertuz. La conclusión de los fiscales no deja espacio para las dudas: el proceso debía precluir y, de paso, era necesario investigar los posibles delitos cometidos por el fiscal Orozco Pertuz.
No son pocos los jueces de Colombia que, motivados por “millones de razones”, venden sus conciencias. Al parecer el encargado de atender el caso en cuestión es uno de ellos, pues a pesar de la decisión de precluir la investigación, con lo que el caso hizo tránsito a cosa juzgada, tomó la brutal decisión de expedir ordenes de captura contra Alberto Acosta y Juan José Acosta, este último el rector actual de la Metropolitana.
Es imposible de comprender que dos ciudadanos frente a los que la fiscalía no tiene pruebas ni indicios de que hayan violado la ley, resulten con sendas órdenes de captura evidentemente inconstitucionales y que se produjeron quién sabe a través de qué maniobra truculenta. ¿Cartel de la toga?
Ante semejante abuso de autoridad, un juez estudió un habeas corpus y determinó dejar sin piso las ordenes de captura y, adicionalmente, compulsó copias para que el juez que profirió esa absurda determinación, sea investigado.
Jaller, que a las malas reasumió hace un par de semanas la rectoría de la Metropolitana, ya fue removido por orden de un juez de tutela que concluyó que su inscripción por parte del Ministerio de Educación, violentaba, entre totros, el precepto constitucional de la autonomía universitaria.
Ahora, las cosas se complicarán judicialmente para Carlos Jaller Raad quien equivocadamente creyó que el respaldo que tenía de algunos funcionarios judiciales de muy dudosa reputación, le sería suficiente para apropiarse nuevamente de la Universidad Metropolitana, específicamente de sus cuentas bancarias.
Publicado: diciembre 16 de 2019
No hay derecho acabar una institucion academica que ha prestado invaluables servicios medicos y social a la comunidad del caribe, por apropiarse indebidamente del alma mater el estado(ministerio de educacion)debe intervenir para evitar daño a la comunidad estudiantil de la universidad metropolitana.
5