Basándose en el reciente fallo del consejo de Estado, tribunal que se abstuvo de anular la investidura del jefe narcotraficante, alias Jesús Sántrich, la cuestionada corte suprema de justicia -esa misma cuyos magistrados están involucrados en espeluznantes actos de corrupción- ordenó la liberación del extraditable de las Farc, alegando que ese tribunal es el que tiene la competencia de investigarlo y juzgarlo. 

La decisión de la mayoría de magistrados del consejo de Estado en el sentido de mantener la condición de congresista del narcotraficante de las Farc, alias Jesús Sántrich, argumentando que ese criminal no ha tomado posesión de su curul en la Cámara de Representantes por motivos de fuerza mayor, sentó un precedente nefasto: en adelante, todos los presos de Colombia van a querer hacerse elegir.

Según uno de los magistrados, el mafioso Sántrich se presume inocente, pues aún no ha sido “vencido en juicio”. Se le olvida al cándido togado que el narcotraficante en cuestión no está sometido a un juicio en Colombia y que su captura se produjo como consecuencia de un pedido de extradición presentado por una corte de los Estados Unidos.

Gracias a la decisión del consejo de Estado, todos los extraditables en proceso de entrega a la justicia de otras naciones, podrán inscribirse y participar en elecciones.

No se puede olvidar que Sántrich fue capturado antes de las elecciones del año pasado, cuando se eligió el nuevo Congreso y él se presentó como candidato por el departamento del Atlántico, en la lista de la banda terrorista Farc, grupo al que Santos le obsequió 5 curules gratuitas en la Cámara y 5 en el Senado de la República. 

Lo cierto e incontrovertible es que hay un sector de la justicia que se ha hincado ante los terroristas de las Farc. Lo hacen por identidad ideológica o bajo la falsa premisa de que se atenta contra la supuesta paz, al no acceder solícitamente ante todos los caprichos de los cabecillas de esa organización delincuencial. La decisión de la corte suprema es altamente preocupante. Ese tribunal no procede en derecho. Sus magistrados toman decisiones con fundamento en razones políticas e ideológicas y es evidente que la orden de liberar al capo de capos, alias Jesús Sántrich es un mandado que se le está haciendo al narcotráfico. 

Sántrich es un mafioso como cualquier otro extraditable. Fue capturado mientras negociaba el envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos con un representante del temible cartel de Sinaloa. Flaco favor le hacen a la República aquellos magistrados que decidieron darle un delicado tratamiento al caso de ese criminal que, además de gozar de protección de la JEP, también es nauseabundamente favorecido por la corte suprema y el consejo de Estado. 

Frustrante que desde las más altas esferas de la justicia, se vuelva a premiar al narcotráfico. Hace 30 años, los carteles, con sicarios y explosivos, pusieron de rodillas a los jueces de Colombia. Luego, la mafia puso a circular ingentes sumas de dinero para comprar fallos absolutorios. Ahora, con el cuento de “defender la paz”, se ha caído muy bajo al concluir que Sántrich no se ha posesionado como congresista por motivos de fuerza mayor. Ese sujeto no está enfermo, ni incapacitado. Fue privado de la libertad por orden de una autoridad judicial legítima, mientras se concluye su proceso de entrega a la justicia norteamericana, en concordancia con el tratado de extradición que existe entre Colombia y los Estados Unidos. Ahora la corte suprema, esa misma cuyos magistrados -como es el caso del corrupto Eyder Patiño- no tienen visa para ir a EE.UU, envía un nuevo mensaje desafiante al ordenar la libertad de uno de los más temibles narcotraficantes de nuestra historia reciente. 

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 29 de 2019