Un aspecto de los acuerdos sobre el cual hubiera sido conveniente llegar a un consenso nacional es el de la justicia.

Un aspecto de los acuerdos que se siguen cocinando en La Habana sobre el cual hubiera sido conveniente llegar a un consenso nacional antes de cerrar la discusión en Cuba, es el relacionado con la justicia.

El expresidente Uribe lo propuso y , de hecho, se realizaron algunos esfuerzos.

Infortunadamente, cuando todo concluyó quedó en evidencia que lo que el Gobierno buscaba era el apoyo de la oposición a lo ya negociado con las FARC , no edificar una posición conjunta sobre un asunto de tanta trascendencia para el país.

Después se conoció el texto de la llamada jurisdicción para la paz.

A partir de ese momento, son muchos los interrogantes e innumerables las críticas y preguntas que se han formulado.

Nadie debe extrañarse de esa reacción , por cuanto se está embarcando a la nación en un viaje sin carta de navegación conocida.

Eso de crear dicha jurisdicción, que coexistirá con la ordinaria y actuará con un marco nuevo no es cosa de poca monta.

Por eso se han levantado tantas voces a criticar que el tribunal para la paz carezca de un marco temporal definido, y tenga competencia para investigar, entre otros, a los autores indirectos de crímenes cometidos con ocasión del conflicto, sin definir previamente, con total claridad, cuál es el alcance de esa tipificación.

Lo cierto es que las cosas se han hecho desconociendo el principio del juez natural, el debido proceso, y la no retroactividad en materia penal.

Se hizo caso omiso de principios centenarios, cuya existencia ha madurado a lo largo de los años para darle garantías de seguridad jurídica a los ciudadanos.

Por esas razones tantos temen que el nuevo tribunal se convierta en un escenario político, inquisidor y revanchista.

Una de las preguntas que se ha formulado insistentemente , es la relacionada con la designación de los Magistrados de la jurisdicción que nacerá a raíz de los acuerdos.

Ahora empiezan a conocerse las primeras respuestas, que , a decir verdad , no absuelven todos los interrogantes.

Como ya es usual, el gobierno anunció con bombos y platillos el acuerdo que hizo con las Farc para integrar el comité de selección de esos magistrados.

Que quede claro: lo que hicieron fue convenir cómo se va a conformar el grupo que tendrá esa responsabilidad.

Desde luego que la participación del Papa y del secretario de las Naciones Unidas, al lado de otras importantes instituciones, produce un impacto publicitario innegable.

Pero lo de fondo no es eso.

Para que el pueblo colombiano se pronuncie en el plebiscito, debidamente informado, lo que debe decírsele, además de las condiciones tradicionales que deben tener los magistrados , son algunas cosas adicionales.

Y éste es un catálogo que debe estar listo previamente al inicio de la tarea de selección.

Al comité debe pedírsele que defina y haga públicos algunos elementos de análisis, para efecto de garantizar la independencia e imparcialidad de los magistrados , antes de empezar su identificación, como por ejemplo: ¿Cuáles criterios se tendrán en cuenta para analizar la trayectoria profesional de los candidatos? ¿Cuáles criterios se tendrán en cuenta para no incluir a eventuales candidatos por sus vinculaciones políticas en el pasado? ¿Cuáles criterios se tendrán en cuenta para excluir a eventuales candidatos cuyas providencias del pasado puedan poner en entredicho su independencia e imparcialidad? ¿Cuál será el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados? ¿Cuál será el régimen sancionatorio de los magistrados, que debe ser particularmente estricto habida cuenta de las responsabilidades que asumirán?

De lo que se trata, entonces, es de garantías para toda la sociedad colombiana.

No solamente de la presencia de ilustres personajes e instituciones en una etapa del proceso de selección.

Ahora bien, cuando llegue la hora lo más conveniente es votar a favor del NO.

 

 @CarlosHolmesTru