El cuidado de los niños para un Estado debe ser una de sus principales prioridades en la agenda política y legislativa. En especial, cuando se trata de salvaguardar la integridad de los recién nacidos a través de mecanismos legales que, como la licencia de maternidad y paternidad, se traducen en efectivas herramientas a través de las cuales el Estado protege el correcto desarrollo del menor.
Ello es de tal manera que cuando con el Presidente Duque nos planteamos sacar adelante la ley que amplió la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas teníamos claro que la sociedad necesitaba de un nuevo apoyo institucional que permitiera fortalecer el lazo entre el recien nacido y la madre, lo cual, tal como lo demuestra de manera amplia la literatura médica, termina disminuyendo notoriamente a mediano-largo plazo la aparición de patologías y desordenes psicológicos en el menor.
Sin embargo, a pesar que logramos que esta iniciativa se conviertiera en Ley, eramos conscientes que también era necesario modificiar la licencia de paternidad, dado que si esta se dejaba intacta (actualmente es de 8 días) se podían generar condiciones adversas para que disminuyera la empleabilidad de mujeres entre los 20 y 35 años.
No obstante, las difíciles condiciones fiscales del País y la finalización del periodo en el Congreso de ambos fueron factores que no permitieron que lograramos culminar esta tarea. Por ello, es que recibo con total alegría y profundo sentido de responsabilidad social el proyecto de licencia compartida de Ana María Castañeda, Juanita Goebertus y José Daniel López.
Este, en términos sencillos, permite que los padres puedan sumar y distribuir libremente los periodos de licencia de maternidad y paternidad, lo cual significa que los papás se pueden involucrar de mayor manera en el ciudado de sus hijos y las perspectivas profesionales de las mujeres no se verán afectadas por el hecho de ser mamás.
En efecto, esta iniciativa, de ser aprobada, acabaría con esa desafortunada práctica que está sucediendo cada vez más en el mundo laboral, donde las pruebas de embarazo se están convirtiendo en un requisito adicional en la hoja de vida de las mujeres y que, muchas veces, su resultado termina teniendo más peso que la misma experiencia académica y profesional.
Las consecuencias de ello, sin lugar a dudas, son nefastas. La desigualdad laboral que sufren las mujeres por este aspecto termina generando que ellas aplacen indefinidamente la maternidad o sean contratadas en menor medida, lo cual hace necesaria una urgente intervención por parte del Estado que acabe con esos factores.
Debido a esto es que no solamente felicito a estos dedicados parlamentarios, de diferentes partidos, por continuar la labor de defender la niñez y las condiciones laborales de la mujer, sino que apoyo vehementemente una iniciativa que debe contar con todo el respaldo por parte del Gobierno Nacional y que, seguramente, gozará de una votación unánime por parte del Congreso, tal como sucedió con la ley que amplió la licencia de maternidad.
Publicado: agosto 9 de 2019
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