En la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hay una gran preocupación, porque no está claro el procedimiento mediante el cual se seleccionarán los futuros beneficiarios del “plan de adjudicación gratuita de tierras y del subsidio integral”, como tampoco el mecanismo para identificar esos posibles beneficiarios. Sin embargo, más preocupados debemos estar los colombianos, porque no sabemos con cuáles tierras están contando para atender este programa que surge de los acuerdos de la mesa de conversaciones de La Habana entre las Farc-ep y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Resulta que ni el Departamento Nacional de Planeación, ni el Ministerio del Interior saben o a lo mejor no lo quieren contar, cuáles son esas tierras que van a ser objeto del mencionado programa acordado con las Farc-Ep y eso genera zozobra e incertidumbre.  El conflicto colombiano que no es de ahora y que viene desde comienzos del siglo pasado, ha sido por la tierra.

Recordemos que desde 1932 cuando por efectos de la gran depresión internacional, cuando hubo el masivo y forzoso retorno al campo de los trabajadores que antes se fueron atraídos por las obras públicas urbanas, se afronta una controversia social por el derecho sobre la tierra, definiendo desde entonces dos actores, el uno el terrateniente que especula con la propiedad agraria y el otro el colono que se mantiene a la expectativa de la entrega de un título por parte del Estado.  Nada más y menos que bajo ese marco conceptual se aprobó la “Ley de Tierras” de 1936 y bajo el mismo, se desató la violencia bipartidista de mitad de siglo pasado, posteriormente el bandolerismo social y finalmente la guerrilla. Y, bajo ese marco las Farc.Ep han reivindicado el derecho a la tierra en el curso de los acuerdos.

¿Acaso entre el gobierno y las Farc-Ep ya encontraron la forma de resolver este enconoso asunto? No sabemos, pero lo cierto es que mientras se mantenga vigente el actual régimen de propiedad privada de la tierra, la única tierra por entregar será la que no tenga título de propiedad privada, es decir la baldía y esa precisamente, aún está la mayoría de sus hectáreas, en manos de tenedores en testaferrato de los grupos armados ilegales. La zozobra está latente en los actuales propietarios, quienes se han venido armando para defender sus mojones y la inseguridad, en los colonos y desplazados del conflicto, que generación tras otra, ven como se apaga la ilusión de tener un pedazo de tierra.

Ahora, si vamos a hablar de tierras gratuitas y si el alto comisionado y el gobierno quieren tener una manera de identificar a los posibles beneficiarios del programa, sencillamente no tienen que gastarse un montón de plata para realizar esa consultoría. Deben bajarse de los carros blindados, quitar el oscuro de sus vidrios, apartar las gafas oscuras y parar en cada semáforo para ver la realidad del desplazamiento forzado. Las personas que se ven en los semáforos, con cartulinas con la ortografía que les horroriza, son los “clientes” que para la labor misional de esos cargos, están buscando, sin necesidad de contratar expertos de Harvard.

 

@AlirioMoreno