Luego que se presentaran tres proponentes para la escogencia del operador para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos en el Municipio de Bucaramanga, uno de ellos fue rechazado por presentar su propuesta extemporánea y los dos restantes no resultaron habilitados por carecer de requisitos contenidos en el pliego. El proceso licitatorio adelantado por la EMAB –Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga- y liderado por el alcalde de la ciudad, Rodolfo Hernández Suarez, fue declarado desierto, con el agregado que el burgomaestre decretó enseguida y de manera espontánea, que se contrataría de manera directa con la Unión Temporal Vitalogic, una de las dos firmas proponentes que no cumplieron con los requisitos habilitantes.

Las circunstancias que rodearon el proceso licitatorio y la decisión del alcalde Hernández Suárez de contratar de manera directa el servicio con uno de los proponentes descalificados, prendió las alarmas de la dirigencia política y de la comunidad, quienes vieron como bajo un argumento rebuscado en un manual de contratación obsoleto, cuyo contenido se había comprometido en campaña y ante los organismos de transparencia, a modificar por no ser precisamente garantes de la transparencia y ser propicios a promover y fomentar la corrupción.

Hay un antecedente con respecto al tema y tiene que ver con la versión popular de que Rodolfo Hernández tiene interés directo en quedarse a través de terceras personas con el negocio de las basuras del área metropolitana de Bucaramanga. Este rumor ha tomado fuerza desde cuando la Junta Directiva de la EMAB tomó la decisión de declarar insubsistente al gerente de la entidad Samuel Prada Cobos quien había sido nombrado para un periodo fijo, pero que por presión de Hernández le fue terminado su periodo anticipadamente reconociéndole una indemnización equivalente al despido sin justa causa por el valor en dinero, del tiempo que le faltaba para completar su periodo. Hay quienes afirman que en ésta decisión administrativa, hubo detrimento patrimonial y por ende daño fiscal, sin embargo la Contraloría nada ha dicho al respecto.

Lo grave del asunto radica en que en casos como éste, la contratación directa, a dedo, está más que proscrita, prohibida taxativamente en la Ley de contratación pública; puesto que ningún servicio se puede contratar de forma directa sin cumplir al menos con un proceso de selección abreviado. Y más aún, si se tiene en cuenta que en 2016, por invitación de la ONG Transparencia, los directores de los entes descentralizados de Bucaramanga, entre ellos el Director de la EMAB, en presencia del alcalde Rodolfo Hernández, suscribieron el Compromiso o Pacto por la Transparencia, documento público

en el que se comprometieron a cambiar los manuales de contratación de cada entidad “dado que éstos manuales de contratación no contemplan todos los principios de la contratación pública y no dan garantías suficientes para ejercer procesos de contratación serios”.

Todo parece indicar que la intención cuando suscribieron el “Pacto por la Transparencia” era luchar contra la corrupción, pero dada la magnitud y el interés del alcalde en el negocio, ya no, y la ética que tanto pregonó, en “El Carrasco” sitio de disposición final de basuras, quedo.

Nota al margen: La santandereana Juana Yolanda Bazán Achuri fue nombrada Superintendente de Notariado y Registro, hecho que la ciudadanía de la región celebra, dadas las calidades morales, profesionales y éticas de la ex diputada y ex congresista.

@AlirioMoreno

Publicado: agosto 1 de 2017