Esta semana, en clase de Maestría en la facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana –a la que asisto-, al abordar el tema de “Los conflictos del modelo constitucional municipal”, ahondamos sobre los alcances del esquema de “certificaciones” impuesto por el centralismo, como arma para restar autonomía a los municipios; siendo que el espíritu del constituyente de 1991, fue fortalecer la descentralización y con ella posicionar al municipio como institución y piedra angular del fortalecimiento democrático en Colombia.

Como ejemplo citamos la Ley 1176 de 2017, que en su artículo 4°. Establece la “Certificación de los distritos y municipios”, considerando literalmente que “Los municipios y distritos (…) seguirán siendo los responsables de administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y de asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. En todo caso, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional, en desarrollo de los siguientes aspectos: (…) uno de ellos, Cumplimiento de las normas de calidad del agua para el consumo humano. Si esto no se cumple, los municipios son descertificados y como efecto, por la rigurosidad del artículo 5º de la mencionada ley “Los distritos y municipios que sean descertificados no podrán administrar los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones, ni tampoco realizar nuevos compromisos con cargo a los mismos, a partir de la fecha de la descertificación. En este evento, los recursos serán administrados por el respectivo departamento, el cual asumirá la competencia en cuanto a asegurar la prestación los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico (…).

Pues bien. Apenas terminaba el ciclo semanal académico, apareció la posibilidad de materialización de la normatividad estudiada. Resulta que, el

Secretario de Salud del Departamento de Santander, acaba de anunciar qué de los 87 municipios de su jurisdicción, solo 12 tienen agua de calidad, es decir qué en 75 municipios, sus habitantes estarían recibiendo agua no apta para el consumo humano.

A 2016 y hasta hoy en Santander, sólo 17 municipios están descertificados, es decir que sus recursos de gestión municipal de agua potable, son administrados por el departamento, en este caso por la Empresa de Servicios Públicos de Santander Esant. De ser desertificados los otros 58 municipios, correrían la misma suerte y sus recursos y los provenientes del Sistema General de Participaciones pasarían a la Esant, entidad que podrá utilizar la infraestructura existente en cada municipio para prestar directamente el servicio.

¿Qué está pasando en Santander? Es un interrogante por resolver. No me aventuro a decir nada por ahora sobre los índices de calidad del agua, sus protocolos y parámetros de muestreo, régimen de lluvias, época y periodo de las muestras y contramuestras. El caso concreto de Santa Helena del Opón, en donde el informe del Secretario de Salud lo clasifica como municipio en alto riesgo, inviable sanitariamente, pero el del laboratorio contratado por el alcalde, le da un margen de bajo riesgo, no deja de inquietarme.

En Santander preocupa también la problemática del alcantarillado y la disposición de residuos sólidos. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS tiene multados a varios municipios por mala gestión para el tratamiento de aguas residuales. Los botaderos de basura a cielo abierto que funcionan, están varios en la etapa de preclausura. Las soluciones qué los santandereanos esperan, deben partir por atender los principios del interés general y el bien común.

@AlirioMoreno

Publicado: abril 4 de 2017