No es la primera, ni será la última vez que Juan Manuel Santos le mienta a los colombianos. Llegó a la presidencia gracias a un artilugio: les dijo a unos electores, 9 millones para ser precisos, que continuaría la Seguridad Democrática cuando su verdadero interés era el de darle ignominiosa sepultura a la política gracias a la cual, las Farc y el Eln se redujeron a su mínima expresión y las estructuras de autodefensa desaparecieron del escenario.

Claro está que si en 2010, cuando el 80% del país respaldaba un tercer mandato del expresidente Uribe, Juan Manuel Santos hubiera planteado en su campaña todo lo que en efecto hizo una vez tomó posesión del cargo de presidente de la República, nadie habría salido a votar por él y, seguramente, el uribismo en pleno se habría volcado a respaldar la candidatura conservadora de Noemí Sanín.

Como candidato juró –y ofreció escribirlo sobre una piedra si era necesario- que no subiría los impuestos; hace pocos días amenazó a los contribuyentes con que aumentaría su carga tributaria si los colombianos no le aprueban el plebiscito. Primero intimidó con una guerra civil en las ciudades y luego, cual alcabalero, amedrentó con nuevos e impagables tributos.

Era una artimaña del presidente que andaba abonando el terreno para el gran anuncio que tenía reservado: la rendición del deber constitucional de la Fuerza Pública de defender a los ciudadanos de cualquier amenaza armada a través del denominado “cese bilateral de hostilidades” que se suscribió en La Habana bajo el ojo tutor de dos “campeones” de la democracia: Raúl Castro y Nicolás Maduro.

Con 23 zonas de concentración, la guerrilla de las Farc quedarán regadas por todo el país con armas frente a unas fuerzas militares y una policía inhabilitadas para combatirlas y contenerlas.

El expresidente conservador, Andrés Pastrana, que no goza de mucha autoridad para cuestionar los acuerdos con la guerrilla, pues él le entregó el cogobierno a esa guerrilla de más de 42 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, emitió un fuerte comunicado en el que rechazó el acuerdo que se publicitó en la isla de los hermanos Castro: “Un cese a las hostilidades pactado sobre el cadáver de los principios más elementales de la Constitución es violación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y de los principios universales inscritos en los tratados suscritos por Colombia, que sí hacen parte del bloque de constitucionalidad que hoy se pretende sustituir con picarescos abusos de las formas legales”, escribió el exmandatario conservador.

Las Farc tendrán la capacidad de judicializar a todos los que ellos consideren enemigos de la paz.

Amenaza vedada contra la oposición

En el comunicado emitido en La Habana, en el que el gobierno y las Farc anuncian que han llegado al acuerdo para el cese de hostilidades, se envía un mensaje que genera preocupación sobre la garantía que tiene la oposición a los acuerdos celebrados para ejercer su derecho al disentimiento. En efecto, en dicho comunicado –el número 72- se lee que se perseguirá judicialmente las “conductas criminales que amanecen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Para nadie es un secreto que la oposición democrática en Colombia ha sido perseguida judicialmente de manera arbitraria y abusiva por una fiscalía que ha ejercido como un partido político y no como una entidad profesional cuya misión consiste en investigar y acusar a los criminales que verdaderamente atenten contra la estabilidad de la sociedad.

La Resistencia Civil que ha convocado el Centro Democrático es una reacción legítima y democrática que desde el primer momento ha sido descalificada con los peores adjetivos por parte del presidente de la República. Él, en diferentes intervenciones públicas ha dicho que quienes se oponen a los acuerdos que está perfeccionando con las Farc son unos “amigos de la guerra”, mientras ridiculiza a los ciudadanos que han respaldado la “firmatón” que está promoviendo el Centro Democrático en diferentes ciudades del país.

Si el presidente y algunos de sus ministros consideran que los opositores a los acuerdos son enemigos de la paz, no falta mucho para que se concluya que dicha posición crítica es una “conducta criminal que amenace la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”, con lo que elevar una voz crítica puede llegar a constituirse en cabeza de un proceso que desembocaría en la judicialización de aquellos que no oculten su inconformismo.

Sería importante que la Corte Suprema de Justicia elija al nuevo Fiscal General de la Nación y que éste, sea quien sea el designado, envíe un mensaje de tranquilidad a la oposición en el sentido de que no será perseguida penalmente por su posición crítica frente a los acuerdos de La Habana. Está claro que el uribismo y quienes respaldan a esta corriente ideológica en su rechazo a los acuerdos con las Farc, no tienen ni una sola garantía con el actual fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo quien no oculta su obsesivo odio contra todo lo que rodee al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

@IrreverentesCol