Cuando se estableció en el 2005 la reelección presidencial se creó una figura que, como su nombre lo dice, buscaba darle garantías a todos los candidatos que participaran en el proceso electoral y que tendrían que competir contra el Presidente-candidato: la Ley de Garantías.

Básicamente, esta limitaba la capacidad de contratación del Gobierno Nacional y las regiones dentro de los 4 meses anteriores a la elección, de tal manera que la administración de turno no utilizara las estructuras institucionales para adelantar proselitismos políticos que promovieran sus candidaturas.

Esta figura, aunque no fue la solución perfecta, sí logró cumplir en gran medida el propósito por el que se creó y facilitó la paridad de condiciones de los diferentes candidatos. Sin embargo, con la polémica decisión del Gobierno Santos de eliminar la reelección presidencial, medida populista que no restablece en lo absoluto el equilibrio de poderes y, por el contrario, limita los proyectos a mediano plazo, la continuación de esta Ley tal como está hoy en día es, sencillamente, innecesario.

En efecto, todos los alcaldes y gobernadores del País tienen que ver cómo prácticamente cada dos años deben detener por completo, casi que por todo un semestre, la ejecución de los proyectos que diseñaron en sus respectivos planes de gobierno. En otras palabras, es como si se detuviera el tiempo y se tuvieran que amarrar las manos mientras la población requiere medidas urgentes.

Por eso, es más que necesario el proyecto de ley que la semana pasada le presentó al País la Federación Nacional de Departamentos, en cabeza de su director Carlos Camargo, y que radicaron múltiples bancadas y líderes en el Congreso, el cual busca modificar la mencionada ley para que esa situación no siga ocurriendo.

Si ya no existe la reelección presidencial, ¿para qué mantener intacta la ley de garantías? Si el Jefe de Estado no puede aspirar a otro periodo, ¿por qué conservar una legislación que afecta principalmente la gestión en las regiones? Si la cabeza de la Nación solo puede estar 4 años en el poder, ¿por qué no acatar un legítimo llamado de los alcaldes y gobernadores que piden a gritos cambiar esta normatividad?

Estos cuestionamientos son, precisamente, los que llevaron a la Federación a llevar esta iniciativa al Congreso, donde los parlamentarios deben ahora actuar a la altura de la ocasión y adelantar de la manera más rápida posible el trámite a este proyecto.

Para nadie es un secreto que las regiones históricamente han sido las más afectadas por medidas centralistas que se han tomado desde Bogotá. Afortunadamente, existen grandes representantes de las necesidades de la provincia en importantes espacios de la política, quienes permitirán, con medidas de esta naturaleza, ampliar el margen de acción de los mandatarios locales, de tal manera que se responda de mejor manera a las legítimas exigencias de la comunidad.

@Tatacabello

Publicado: noviembre 9 de 2018