Duque lo intentó y no lo logró. Trazó su programa de gobierno, partiendo de una ruptura con la nociva relación transaccional entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. El antecedente de la mermelada de Santos, que compró con dinero del tesoro público a la mayoría del parlamento, obligaba tomar una decisión radical que acabara esa práctica rechazada por el grueso de la sociedad.
El presidente configuró su coalición con los partidos que respaldaron su programa de gobierno desde el comienzo: Centro Democrático, partido conservador, un sector de La U y las colectividades cristianas. El liberalismo y Cambio Radical declararon su neutralidad, mientras que la extrema izquierda y el terrorismo de las Farc, como era natural, decretaron una férrea e irracional oposición.
Los grandes acuerdos políticos parten de la definición de una agenda programática ambiciosa. El gobierno de Duque ha intentado sacar adelante proyectos clave en el congreso, los cuales no han prosperado por falta de apoyo legislativo. Las normas de naturaleza económica -fundamentales para el desarrollo nacional- han sido aprobados sin mayor traumatismo, pero temas como las legítimas y necesarias objeciones a la ley estatutaria de la JEP, la reforma política y la reforma a la justicia, son proyectos clave que se han hundido.
Para garantizar la salud de la democracia, es necesario acabar de una vez y para siempre con la nefanda “lista abierta” que es, sin duda ninguna, la madre de todos los vicios.
Para que los partidos políticos funcionen armónicamente y el ejercicio político se aleje de las peores mañas, es fundamental acabar con el “voto preferente”, una deformación que es el fundamento para la compra de votos, el trasteo de electores y el ingreso de decenas de miles de millones de pesos a las campañas electorales.
Un año y medio después de la inauguración del gobierno Duque, las dificultades no son menores. El presidente de la República ha sufrido graves reveses en el Congreso, los cuales ponen en entredicho su gobernabilidad.
No se trata de feriar el erario, ni de comprar conciencias por mera vanidad, sino de fijar los derroteros para consolidar una gran alianza que permita avanzar en la aprobación de proyectos que son necesarísimos para consolidar nuestro régimen de libertades democráticas.
Mientras la extrema izquierda insiste en alentar el vandalismo y la violencia a través de las jornadas de paro que se registran semana tras semana, los defensores de los valores republicanos deben unir esfuerzos para evitar un menoscabo de la salud de nuestro modelo de sociedad.
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Habría sido ideal que el presidente de la República siguiera por el camino que fijó el día que se posesionó. Pero los hechos lo desbordaron y, el buen gobernante, es aquel que sabe leer la realidad política con total desprendimiento y sin apasionamientos.
En los próximos días, se hará una recomposición del gobierno y ha trascendido que en el nuevo gabinete habrá representación de partidos que hasta ahora han marcado alguna distancia con el Ejecutivo. El presidente de la República, en su sabiduría, tomará las decisiones más acertadas para el país, dejando en claro algo que no es negociable: se trata de una alianza para darle desarrollo a un acuerdo programático y no una reedición de la mermelada dañina de Juan Manuel Santos.
Las personas seleccionadas, deben tener un perfil profesional, pero sobre todo moral, que sea prenda de garantía. Muy grave sería que los nuevos ministros lleguen a sus cargos pensando en fungir como saqueadores y no en ser unos planificadores y ejecutores de políticas públicas de largo alcance.
Publicado: enero 28 de 2020
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