No son pocas las veces en que el Estado colombiano ha logrado que su clase dirigente cierre filas alrededor de medidas extremas para combatir el narcotráfico. En los años 80 y 90, frente al auge del narcoterrorismo de los grandes carteles, vastos sectores del liberalismo y conservatismo tuvieron la grandeza patriótica de dejar de lado sus diferencias ideológicas para hacerle frente a esa amenaza.
A pesar del poder corruptor de las mafias y de las amenazas que se cernían sobre nuestra sociedad, en su momento se selló un pacto para combatir militar y judicialmente a los mafiosos. Pablo Escobar por un lado y los hermanos Rodríguez Orejuela por el otro, quisieron apoderarse del Estado. Ni su dinero ni sus bombas lograron doblegar a la sociedad. Hicieron mucho daño, pero no se salieron con la suya.
A pesar de las circunstancias, prosperaron iniciativas contundentes contra el narcotráfico. Una de ellas, lideradas por Germán Vargas Lleras: la extinción de dominio. Gracias a esa ley, aprobada en 1996, el Estado adquirió las herramientas necesarias para incautar las fabulosas riquezas de la mafia.
Gracias al apoyo de liberales, conservadores e independientes, la ley fue aprobada con retroactividad por el Congreso de la República, tal y como quería el autor de la misma, Germán Vargas Lleras.
Por los menos dos de las objeciones a la JEP planteadas por el presidente Iván Duque se constituyen en herramientas invaluables en la lucha contra el narcotráfico.
Tal y como está aprobada la ley estatutaria de la JEP, se abre un espacio para que la extradición de narcotraficantes quede, en la práctica, en suspenso, pues cualquier mafioso que sea solicitado por la justicia de otro país, va a solicitar que la JEP oiga su versión para efectos “de contar la verdad de lo ocurrido con ocasión del ‘conflicto’ armado”.
Tal y como está contemplado en la ley objetada, la JEP está facultada para suspender indefinidamente la extradición hasta que se cuente toda la verdad. Y aquello puede tomarse todos los años del mundo.
Acá no se trata de “hacer trizas” los acuerdos celebrados entre Santos y la banda terrorista de las Farc, sino hacerle frente al narcotráfico, ese mismo que durante los últimos 40 años ha puesto en jaque a nuestro Estado de derecho.
Por eso, el presidente Uribe, líder de la bancada de gobierno, ha propuesto un acuerdo mínimo sobre por lo menos 2 objeciones, pensando, ante todo, en cerrarle el paso al narcotráfico.
La extradición es, sin duda ninguna, una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la mafia. La JEP, tal y como está diseñada, es un mecanismo para la impunidad y para el encubrimiento de los narcotraficantes.
Hace 23 años, Vargas Lleras contó con el respaldo de sus opositores políticos para aprobar retroactivamente la ley de extinción de dominio. Hoy, él tiene la obligación moral de dejar de lado sus rencores, frustraciones políticas y permitir que los senadores de su partido voten a favor de la objeción esgrimida por el presidente Duque. Así, se estará salvaguardando la extradición.
¿Tendrá el doctor Vargas Lleras la grandeza suficiente para anteponer los intereses superiores de la Patria a sus odios y traumas personales?
Publicado: abril 25 de 2019
cuántos dirigentes políticos, periodistas como Daniel Coronel y grandes empresarios colombianos se han lucrado con el narcotráfico, así sea de forma indirecta?????????
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