Todos debemos movilizarnos por La Guajira, por sus habitantes, sus comunidades indígenas, las familias y los niños que sufren necesidades humanitarias.

La situación extrema de hambre se profundiza a diario ante la mirada apática de funcionarios públicos insensibles frente a las dimensiones de la tragedia.

El Instituto Nacional de Salud ha registrado datos absolutamente preocupantes. Reportó 48 menores de edad fallecidos por causas asociadas a la desnutrición en el año 2014; 37 en el año 2015 y para el 2016 ya van 69 niños fallecidos.

La preocupante situación que está convirtiendo en estructural la crisis humanitaria, llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, a ordenar medidas cautelares para proteger a las familias indígenas, en una decisión que ya cumple un año, y frente a la cual el Gobierno Nacional a través de la Cancillería se ha dedicado más al enfoque jurídico, que a tomar acciones integrales para todas las comunidades en riesgo, en franco incumplimiento a lo ordenado por la CIDH.

Las medidas tomadas por el gobierno han sido insuficientes para el contexto actual. Escasez de agua, que se agraba por los periodos prolongados sin lluvia, cierre de la frontera y difícil situación de Venezuela que afecta el intercambio de productos locales de lado y lado; difícil acceso a las zonas, debilidades profundas del sistema de salud con IPS incapaces de prestar los servicios y dineros mal gastados en un sin número de EPS; el cierre de nueve centros de recuperación nutricional y disminución de coberturas de los programas sociales del Estado como el Programa de Desayuno Infantil, del programa de Alimentación Escolar y la eliminación otros programas sociales como el Programa de Raciones de Emergencia o del Programa Ayatahiragua (trabajo unido), que brindaba apoyo nutricional a miles de familias Wayúu en situación de riesgo alimentario, aunado a la más absoluta improvisación en el cambio del modelo de las regalías directas, que dejó sin recursos la atención humanitaria nutricional de miles de niños en La Guajira. Finalmente la corrupción que continua en aumento, en entidades dedicadas a la labor social y la ausencia de controles gerenciales, administrativos y sociales en la ejecución de los recuros públicos

Para el esencial problema del agua, a través del Ministerio de Agricultura y de la Unidad de Gestión de Riesgo, se han tomado medidas como la construcción de pozos y molinos, así como la instalación de plantas potabilizadoras de agua, y la construcción de tanques y estanques hasta ahora insuficientes ante la complejidad de la crisis. Y las necesidades en garantizar la seguridad alimentaria de niños y familias exigen que se redoblen esfuerzos, pues continua la urgencia social.

Frente a la atención en salud, los retos aún son grandes frente a las enormes necesidades y la complegidad operativa real del sistema, en perjuicio de los usuarios de este servicio social esencial.

Toda esta situación hace inaplazable que los colombianos volvamos a mirar hacia La Guajira. Convocamos una movilización para apotar soluciones humanitarias de emergencias y estructurales a la dificil situación. El abandono por efecto del centralismo, tiene que romperse por el pronunciamiento de todos.

Esta movilización debe basarse en la expresión de los colombianos que sentimos el dolor por la realidad que allí viven los más frágiles. Es hora de que los colombianos nos levantemos en voz de protesta ante lo que está sucediendo.

La verdadera paz que todos reclamamos pasa por la justicia social, que nos lleve como Estado y ciudadanos a encontrar las soluciones efectivas a las más dificiles situaciones humanitarias de los niños indígenas en Colombia.

Nota de Dolor. Dora Lilia Gálvez, la mujer que fue víctima de atroces golpes y abusos, hace unas semanas en Buga, falleció en las últimas horas, víctima de sus brutales atacantes. Paz en su tumba.

@ForerohElvira