Hay un vocablo preciso para definir lo que la extrema izquierda, apoyada en un sector politizado de la justicia, está haciendo en contra del presidente Uribe: acriminar, que es sinónimo de incriminar.

El paso de los días, sin que se hubiera surtido la necesaria reforma estructural a la JEP, además de la impunidad, ha permitido que sectores radicales, con toda la libertad, reescriban los hechos y la historia, haciendo una alteración dramática de los mismos.

El acuerdo entre Santos y las Farc es, en la práctica, una ecuación entre “vencedores y vencidos”, en la que la guerrilla se alzaron con la victoria, mientras que la sociedad, resignada, tiene que soportar la vergüenza de la derrota.

Preguntémonos, con la mano en el corazón qué hemos ganado con la supuesta desmovilización de las Farc. La violencia terrorista continúa, ahora con un brazalete distinto. Los cultivos ilícitos siguen, a pesar de los grandes y loables esfuerzos que ha hecho el gobierno para avanzar en la erradicación a pesar de la prohibición del uso del tristemente célebre Glifosato.

Por justicia, hay que reconocer que un numero de guerrilleros de la base efectivamente se han acogido a la desmovilización y proceso de reincorporación a la vida civil. Pero, ¿qué más?

La impunidad conduele y evita que las heridas sanen. La altivez de los cabecillas de las Farc, es hiriente y molesta. Su presencia en el Congreso de la República, es indignante y en vez de ser un elemento de fortaleza, es constitutivo en una causa de debilidad arrolladora.

Sabíamos desde siempre que las Farc llegarían a cobrar venganza contra todos los que desde la institucionalidad los enfrentaron y combatieron y que el primer objetivo de su vindicta sería, por supuesto, el presidente Uribe quien fue el gobernante que más contundentes golpes les propinó.

Y la JEP, que no hace mayor esfuerzo para ocultar que está dispuesta a todo para estimular la persecución contra Álvaro Uribe, sorprende al país con exuberantes cifras de víctimas de los llamados “falsos positivos”.

Empecemos por decir que un solo caso de ejecución extrajudicial es inaceptable. ¿Qué hubo personas inocentes que fueron asesinadas por miembros de las Fuerzas Militares? La respuesta es sí. Pero se trató de delitos cometidos de manera individual, algunos de ellos ordenados por oficiales que deshonraron al uniforme y faltaron a su deber de ejercer con apego a las normas la responsabilidad que la sociedad depositó en ellos.

No hay un solo uniformado, desde el más alto al más bajo rango que pueda decir que el presidente Uribe sugirió la comisión de un delito, mucho menos el asesinato de personas inocentes.

Así como brotan testigos falsos con los que Iván Cepeda y sus camaradas de las Farc han querido vincular al exmandatario de Colombia con grupos paramilitares, ahora la JEP exagera sin sustento probatorio de ninguna naturaleza el número de los “falsos positivos” para desprestigiar a la exitosísima política de seguridad democrática, continuar enalteciendo a las Farc cuyos delitos continúan sin ser investigados y sancionados y, para rematar la faena, acriminar al presidente Uribe, un patriota superior que ha entregado su vida, su tranquilidad y hasta su libertad física por la causa de Colombia.

@MargaritaRepo

Publicado: febrero 22 de 2021