Sumamente acertada fue la decisión de la Corte Constitucional de no pronunciarse frente a la polémica ponencia del Magistrado Alejandro Linares. Paradójicamente, aunque la demanda buscaba prohibir en su totalidad el aborto, el caso dio un giro transversal cuando el ponente pretendió dar vía libre a esa práctica en Colombia.

Más allá de si la demanda cumplía o no con los requisitos necesarios para que la Corte la estudiara de fondo, la cual ciertamente fue la excusa perfecta de los togados para hacerle el quite al debate, era completamente improcedente un pronunciamiento distinto.

En primer lugar, no estaban dadas las condiciones para que la Corte modificara el precedente que sobre la materia ha sostenido de manera estable desde el 2006. Frente al aborto no han acontecido cambios normativos, no se ha materializado una transformación social ni tampoco se puede concluir deliberadamente que la posición vigente sea contraria a la Constitución, las cuales son las causales que se deben cumplir para que tal situación ocurra.

Haber alterado la jurisprudencia en este momento hubiese implicado el desconocimiento de 14 años de sentencias que brindan un marco de seguridad jurídica frente a esta problemática. Además, habría abierto la puerta para flexibilizar los estrictos requisitos que se deben cumplir para cambiar el precedente, situación que, a futuro, generaría más dolores de cabeza que soluciones.

En segundo lugar, es el Congreso, y no la Corte Constitucional, quien debe deliberar sobre este tema. Nueve magistrados que no son electos popularmente carecen de legitimidad para tomar decisiones de fondo sobre un debate que toca las fibras de los colombianos. Al fin y al cabo, es una cuestión de principios.

Por eso, el Congreso debe dejar a un lado su histórica mezquindad sobre la materia y dar el debate de frente al País. Si no lo hace, sigue pavimentando el camino para que la Corte usurpe sus funciones y termine legislando a través de sus sentencias.

En tercer lugar, si bien es verdad la discusión sobre la ponencia del aborto finalizó, existen dos temas que deben ser tratados con urgencia, ojalá por el Congreso. Por un lado, las tres causales de despenalización han de ser interpretadas de manera restrictiva, en especial la que se refiere a que la vida de la madre corre peligro.

Es decir, se debe cerrar la puerta a que se aleguen problemas mentales para interrumpir el embarazo. Cuando se sostiene que la integridad de la progenitora está en riesgo se debe hacer referencia exclusivamente a circunstancias fisiológicas que no permiten que el periodo de gestación finalice en buenas condiciones. Alegar dificultades psicológicas es validar de facto esta práctica.

Por otro lado, se debe establecer un límite de tiempo para llevar a cabo un aborto cuando acontezcan algunas de las causales. Por ejemplo, practicar una interrupción del embarazo a los 7 meses no puede ser catalogado de manera distinta a un vil acto de crueldad. Es asesinar a un ser vivo que tiene todas las condiciones para nacer, o acaso ¿cuántas miles de personas no nacen al año prematuras?

En cuarto lugar, en el marco de esta discusión se debe poner la lupa sobre el nefasto negocio que Profamilia montó con los abortos. En cuatro años esa institución incrementó sus ingresos de $19.000 millones anuales a $30.000 gracias a esta práctica. Una lucrativa actividad que falsamente alega la protección de la mujer para legitimar su búsqueda de ganancias.

El debate sobre el aborto está más vivo que nunca. Lo importante, es que sea una deliberación abierta, en el legislativo, que interprete el vigoroso sentir de la mayoría del País y no una discusión a puerta cerrada donde una minoría determine el futuro de todo un País.

@LuisFerCruz12

Publicado: marzo 4 de 2020