Desde que llegó al poder, las encuestas han sido sumamente rigurosas con el presidente Duque, quien recibió a un país totalmente polarizado por cuenta del acuerdo de impunidad celebrado entre el gobierno de Santos y la banda terrorista de las Farc.

Duque no la ha tenido fácil, pues a él le correspondió asumir las consecuencias de las equivocaciones de su antecesor. Santos firmó con Timochenko, pero a Duque es al que le quedó la ingrata misión de implementar el acuerdo con las Farc , a pesar de  haber sido él, de la mano del presidente Uribe, quien lideró la  oposición a esa negociación.

Así mismo, el presidente recibió un país al borde de la quiebra, con un gasto público desbordado y la clase política perfectamente corrompida. El error, el gran error de Duque fue el de no haber querido hacer público un corte de cuentas el 7 de agosto de 2018. De buena fe, creyó que aquello no era necesario y que él, con su quipo, podrían solucionar las graves dificultades nacionales, sin mayor traumatismo.

La verdad es que la Colombia que entregó Juan Manuel Santos estaba mucho peor de lo que hasta los más escépticos pudieron imaginar.

Duque tiene claro hacia dónde hay que conducir al país. No es un gobernante improvisado ni improvisador. Su agenda es diáfana. Si algo merece ser objeto de aplausos es su decisión de romper de una vez y para siempre con la relación transaccional que estableció el gobierno Santos con el Congreso de la República. Aquello, además de liquidar la sana división de poderes, desató una cadena de corrupción inadmisible. Fenómenos como el de los denominados “Ñoños”, o casos aberrantes como el del corrupto senador Armando Benedetti, son muestras del inaudito nivel de corrupción que desató el expresidente Santos.

Duque se comprometió con acabar la denominada “mermelada” y lo cumplió a rajatabla. Aquello, que el país debe celebrar, le ha salido muy caro. Los congresistas, acostumbrados a recibir toda suerte de prebendas, contratos y demás, se convirtieron en los peores enemigos del Ejecutivo una vez se tomó la decisión de cortarles el chorro.

No le ha sido fácil al gobierno pasar sus iniciativas en el Congreso. Las objeciones a la JEP, legítimas y necesarias para el país, fueron negadas. Pero otros proyectos, como el plan de desarrollo y la ley de las TIC, lograron las mayorías suficientes para convertirse en leyes de la República, gracias al a inmensa capacidad argumentativa de los ministros de Estado.

En el gobierno anterior, el Gabinete pasaban sus proyectos rápidamente, pues los congresistas eran generosamente embadurnados con “mermelada”. Ahora, la tarea consiste en argumentar, debatir y persuadir con razonamientos y no con cheques corruptos.

La izquierda radical, ha ejercido una oposición artera, canalla y tramposa. Gustavo Petro, con el evidente interés de tapar los escándalos de corrupción que lo rodean -como el del video en el que aparece recibiendo fajos de dinero en efectivo-, se ha dedicado a mentir y, por supuesto, a incentivar el odio y la polarización, a través de un irresponsable discurso incendiario que ha colaborado en el innoble propósito de fracturar irremediablemente a la sociedad colombiana.

Las recientes encuestas reflejan un aumento de la descalificación ciudadana al gobierno. La opinión pública es impredecible y muy difícil de analizar. Si se calificara al gobierno por razones puramente objetivas, éste pasaría sobradamente el examen. Los ministros -con máximo dos excepciones- son personas de las más altas calidades y los asesores de la Casa de Nariño cuentan con sobrados méritos profesionales para cumplir con total solvencia sus funciones.

El plan de gobierno de Iván Duque, por el que votaron casi 10 millones y medio de colombianos, es el que necesita el país. Por eso, ante la coyuntura actual, el presidente y su equipo están en el deber de retomar la iniciativa política nacional sin dejarse amilanar por el mal momento que se ve reflejado en las encuestas.

@IrreverentesCol

Publicado: julio 1 de 2019