El rearme del sector más sanguinario de las Farc es una muestra clara de la burla que significó para el País el proceso de La Habana. Ni siquiera la impunidad que se les dio, las curules gratis en el Congreso o la no extradición a Estados Unidos fue suficiente para que las cabezas del secretariado dejaran a un lado el narcotráfico y el terrorismo.

Por ello, el acuerdo -hecho por un Gobierno débil, pusilánime y ególatra- hay que reformarlo de inmediato y lo primero que se debe hacer es modificar la JEP.

Como tal, la lógica que inspira la justicia transicional es que como es materialmente imposible juzgar a todos los miembros de una organización como las Farc, el Estado debe priorizar los casos y solamente sancionar a los máximos responsables de delitos atroces. Para ello, se disminuye el tiempo de las penas y, como contraprestación, se espera la desmovilización total y, sobre todo, la reparación a las víctimas, la cual no solo se debe dar en términos económicos, sino también diciendo toda la verdad de lo sucedido.

Sin embargo, si los cabecillas de las Farc están en el monte y ya no se van a desmovilizar ni van a acudir a la justicia transicional, ¿vale la pena mantener intacta tan costosa burocracia para el País? Es decir, la JEP le cuesta a los contribuyentes 300mil millones de pesos al año y si los máximos responsables de delitos atroces (El Paisa, Romaña, Iván Márquez, Santrich, etc.) no van a ser juzgados allí, es imperioso reformarla de inmediato.

En primer lugar, porque dejarla intacta sería igual a botar a la basura recursos que necesitan otros sectores como la educación o la salud, dado que solo tendrán que juzgar a los 4 gatos que quedan en el Congreso. Su trabajo, en otras palabras, quedó reducido a lo más mínimo, a investigar al brazo político de las Farc.

En segundo lugar, porque no se puede permitir que se repita la historia que tanto vemos en el País, donde los guerrilleros terminan impunes en alcaldías, curules o en el monte mientras se emprende una cacería de brujas contra todos los oficiales de las Fuerzas Militares.

En efecto, el último mensaje que se le puede enviar a los soldados de la Patria en estos momentos tan cruciales es que mientras ellos arriesgan su vida combatiendo el terrorismo en el monte, desde un cómodo escritorio en Bogotá la JEP va a crucificar a todos los Coroneles y Generales que en algún momento portaron con orgullo el camuflado militar.

Por ello, la reforma al acuerdo es impostergable. Frente a la base guerrillera -que no tiene velas en la JEP- hay que continuar el proceso de reincorporación a la sociedad, pero valga decir que su desmovilización se pudo haber hecho sin necesidad de ese nefasto acuerdo.

No obstante, frente a la JEP, la actuación debe ser contundente. Hay que limitar su tiempo de funcionamiento, recortar su desmedida burocracia y sacar a los militares de un tribunal donde no tienen garantías y que ya no va a juzgar a los cabecillas de las Farc -para lo que fue pensada-.

Al final, el Caguán y La Habana terminaron siendo lo mismo: escenarios de negociación que el terrorismo utilizó para oxigenarse militar y económicamente.  Con los bandidos lo último que se debe hacer es negociar. El Estado debe ejercer su legítima autoridad y combatirlos con determinación para proteger a la sociedad de la amenaza que significan un grupo de desalmados criminales -que con la complacencia de Santos- se volvieron a burlar del pueblo colombiano.

@LuisFerCruz12

Publicado: septiembre 4 de 2019