Análisis de Camilo Rubiano

El presidente Juan Manuel Santos en el año 2012 se comprometió a que los colombianos tendrían la ultima palabra sobre los acuerdos de La Habana y podrían pronunciarse a través de un referendo. Es por eso que modificó la ley con el acto legislativo 01 de 2012 para que el referendo coincidiera con las elecciones locales. Al ver que el referendo necesitaba un voto informado, dándole la posibilidad a los colombianos de pronunciarse sobre cada tema en concreto, dado a la exigencia constitucional de que se debe preguntar sobre cada punto en especifico, el presidente se bajó del referendo para montarse en el plebiscito.

Decidido el mecanismo de participación, el gobierno presenta el proyecto de ley estatutaria 941 de 2015, en el que realiza unos cambios sustanciales para sacarle un mayor provecho al plebiscito. El primer cambio fue el de bajar el umbral del 50% al 13% dejando sin ninguna posibilidad una manifestación democrática como es la abstención, así mismo, abolió el voto en blanco y con esto le impuso a los colombianos la aprobación de un acuerdo de 297 paginas a través de una sola pregunta que se consolida en un todo o nada.

La Corte Constitucional en su sentencia C-379 de 2016 fue enfática en señalar que el propósito de este plebiscito “es someter a la validación o refrendación del Pueblo la decisión política del Presidente de la Republica relacionada con una salida negociada, que se materializa en el Acuerdo Final. En este sentido, no se esta sometiendo a discusión del electorado el derecho a la paz”. De esta forma, la Corte  deja claro que el próximo domingo los colombianos no van a votar por la paz sino que los electores se van a pronunciar sobre si aprueban o no los acuerdos con las Farc.

Ante esto es importante saber qué es lo que se está sometiendo a consideración del pueblo colombiano. El acuerdo final contiene seis puntos, el primer punto contiene el acuerdo sobre  “Reforma Rural Integral”, el segundo punto es el de “Participación Política”, el tercero es sobre “El cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, el cuarto punto contiene el acuerdo sobre “La Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, el quinto trata el acuerdo de “Victimas” y por ultimo, el sexto punto contiene el acuerdo sobre “Mecanismos de implementación y verificación”.

El punto de “Reforma Rural Integral” está lleno de buenas intenciones que buscan solucionar la grave situación del campo colombiano como consecuencia del abandono de este gobierno. Lo que preocupa de este punto es que se le está generando unas falsas expectativas a los casi 12 millones de colombianos que viven en la ruralidad ya que se les asegura que con la aprobación de estos acuerdos y como lo hacen ver las cuñas “pedagógicas” sobre este punto, se logrará sacar de la pobreza a los campesinos y al mismo tiempo habrá mayor inversión en vías terciarias, infraestructura educativa, de salud y de vivienda rural y se logrará una mayor cobertura en servicios públicos.

La pregunta es ¿cómo se hará todo eso? El gobierno no lo ha dicho, pero según cálculos de la Misión Rural el costo de un proceso de reconversión, reducción de brechas de inequidad, mayor productividad y calidad de vida en el campo oscila en 195 billones entre el año 2016 y 2030, esto es algo así como 13 billones por año. Ante esto, lo lógico es que el gobierno trasladara mayores recursos al sector agropecuario pero ocurrió todo lo contrario, en días pasado se aprobó el presupuesto para el 2017 donde el gobierno debió tener en cuenta la implementación de estos acuerdos, lo paradójico de esto fue que redujo en un 33.6% el presupuesto para el campo colombiano, una cifra que no se acerca a las exigencias presupuestales que señala el informe de la Misión Rural. De esta forma lo acordado para el sector agropecuario corre el riesgo de quedar solo en papel.

Por otro lado los acuerdos contienen un acuerdo de justicia que se encuentra en el punto 5, específicamente en el punto 5.1.2, donde se crea una nueva jurisdicción que denominan Jurisdicción Especial Para la Paz. Esta tendrá competencia sobre temas penales, fiscales, disciplinarios y administrativos, abriendo procesos, e incluso, podría revisar procesos ya juzgados como lo señala el Articulo 58 de este acuerdo suprimiendo la cosa juzgada. Es por esto que varios juristas como el ex presidente de la Corte Constitucional el Dr. José Gregorio Hernández y el Dr. Jaime Castro tienen reparos frente a este nuevo tribunal, así mismo, la Corte Suprema y el Consejo de Estado también han hecho publicas sus preocupaciones y dudas.

Este acuerdo no solo sustituye la justicia colombiana, sino que le brinda unas claras garantías a las Farc, por ejemplo, el Articulo 60 de este acuerdo señala que con la simple confesión del delito y sin importar la gravedad, el nuevo tribunal impondrá una sanción que “en ningún caso se entenderá como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes”. Lo que se traduce en que los autores de crímenes de lesa humanidad como las violaciones de niñas, el asesinato de los diputados del Valle, la bomba del Club el Nogal, entre otros, no pagaran ni un día de cárcel, contrariando el Estatuto de Roma que Colombia suscribió en sus Artículos 77 y 110, que tratan sobre la proporcionalidad de la pena con el delito y la necesidad de un mínimo de cárcel.

Lo paradójico de esto es que mientras los criminales de las Farc tienen garantizado que no pagaran cárcel, algunos miembros de la fuerza publica e incluso civiles podrían ir a la cárcel debido a que esta jurisdicción tiene la competencia para investigar y juzgar a todos los actores que hayan intervenido en “el conflicto” como lo indica el Articulo 34.

Este mismo acuerdo les permite a los criminales de lesa humanidad participar en política según lo establece el Articulo 36 que dice “La imposición de cualquier sanción no inhabilitara para la participación política” algo que viola abiertamente nuestra constitución además de garantizarles ese derecho el punto 3, específicamente el 3.2.1.2, les garantiza la asignación de 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes sin la necesidad de obtener un voto.

Otro tema delicado es el tratamiento que se le va a dar a los delitos como la extorsión, secuestro de soldados y narcotráfico, que según el Articulo 39 se pueden considerar delitos conexos al delito político de Rebelión, debido a que son “conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”  pero lo preocupante no es que estos delitos puedan ser considerados como políticos por conexidad, sino que por el simple hecho de esta consideración se amnistiarían e indultarían según el Articulo 38. Lo que quiere decir que el cáncer del narcotráfico se vaya a amnistiar a través de estos acuerdos y que el secuestro de soldados que lo denominan aprensión de combatientes seria indultado.

La última preocupación es que el gobierno no ha sido sincero con el país frente a los costos que tiene la implementación de estos acuerdos y la forma como los iría a financiar. Fedesarrollo ya ha dicho que calculan que el costo de la implementación seria de 80 billones en un periodo de 10 años y otros como el Bank of America y JP Morgan han hecho cálculos que oscilan entre 90 y 180 billones dependiendo de la magnitud que se le quiera dar, algo que genera incertidumbre debido a que la actual situación fiscal del país es bastante compleja y por lo que varios ex ministros cercanos a este gobierno le han pedido que se endeude más incumpliendo la regla fiscal, comprometiendo la solvencia del Estado y asegurando que los colombianos tengamos que pagar mas impuestos en un futuro inmediato.

Todo esto nos hace pensar que existe un grave riesgo de que no haya con qué implementar los acuerdos. Con esto los únicos beneficiados de ese papel firmado seria el presidente Santos que obtendría su tan anhelado Premio Nobel  y los cabecillas de las Farc, que garantizarían el poder disfrutar en libertad el dinero amasado por décadas con múltiples beneficios mientras que los campesinos continuaran en la pobreza  y el olvido.

Ante esto, los colombianos tenemos la oportunidad de rechazar que el narcotráfico sea amnistiable votando NO. Tenemos la oportunidad de decirle NO  a que los criminales de lesa humanidad no paguen un día de cárcel y participen en política sin ningún problema, pero lo mas importante es que este domingo 2 de octubre los colombianos tenemos la oportunidad de rechazar unos acuerdos que no reflejan el querer de todo un país, sino el de unos pocos. Votemos NO.

@camilorubianobe