¡Claro que no es fácil! Pero hay que hacerlo, cueste lo que cueste. La presencia de cultivos ilícitos en nuestro territorio se constituye en una amenaza letal contra la estabilidad democrática.

Juan Manuel Santos fue un presidente cocalero. Una versión un poco menos rústica de Evo Morales, pero idéntica en el fondo.

Durante sus 8 años de gobierno, el número de hectáreas cultivadas con coca creció de manera acelerada. La banda narcoterrorista de las Farc exigió la suspensión radical de la guerra contra las drogas ilícitas, como condición para sentarse a la mesa de negociaciones de La Habana. 

El precio era extraordinariamente alto. Sin embargo, Santos no dudó en pagarlo.

En aras de ganarse el miserable premio Nobel de Paz, resolvió entregar al Estado de Derecho y permitir que la mafia se apropiara del país. 

Para blindar su absurda determinación de cesar en la guerra contra la coca, movió sus hilos para que la corte constitucional, de amplia mayoría santista, emitiera una sentencia en la que se prohibió el uso de glifosato y la fumigación aérea. 

En un abrir y cerrar de ojos, nuestra geografía se llenó de plantaciones ilícitas, hasta llevar a Colombia al borde de convertirse en un peligroso ‘narcoestado’. 

La herencia que recibió el gobierno de Iván Duque es nefasta. Más de 220 mil hectáreas cultivadas, controladas por delincuentes fuertemente armados. Las Farc, banda terrorista con la que Santos firmó un acuerdo de impunidad, se cuidaron de dejar vastas extensiones cultivadas con coca bajo la protección de sus ‘disidencias’. 

Durante la campaña presidencial de 2018, el uribismo y el doctor Iván Duque de manera inequívoca, prometieron que retomarían la lucha contra el narcotráfico, empezando por la reactivación de las fumigaciones. 

Este no es un asunto de vanidad, ni de capricho, sino de seguridad nacional, razón por la que, pasados más de dos años del gobierno del presidente Iván Duque, es urgente que se adopten las decisiones que se requieran para empezar a fumigar las plantaciones de coca. 

Con o sin el visto bueno de la corte constitucional, el gobierno tiene el deber de ordenar que los aviones de fumigación alcen vuelo con el propósito de asperjar los cultivos ilícitos.

Por encima de las valoraciones puramente politiqueras que en su momento hizo la corte santista, están los intereses superiores de la Patria. 

Continuar sin fumigar, significará la renunciación del Estado a su deber de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Que nadie se llame a engaños: los desmanes de violencia y terrorismo que se registran en las ciudades del país son financiados por las bandas que controlan esos cultivos de coca. 

La consigna, entonces, debe ser clara, precisa y concisa: ¡Hay que encender los aviones!

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 30 de 2020