En los últimos años, Colombia ha registrado con espanto cómo un amplio sector de la justicia se ha inmiscuido en asuntos políticos, llegando al extremo de iniciar investigaciones penales carentes de sustento con el único propósito de alterar el libre desarrollo de la democracia en nuestro país.
Viviane Morales, politizó la Fiscalía de tal forma que ésta llegó a parecer un directorio político desde el que se preparaban audiencias de imputación de cargos contra diferentes miembros del gobierno del expresidente Uribe. Su paso fugaz por el cargo, dejó una estela de inocentes tendidos en la arena, encarcelados o procesados por delitos que jamás se cometieron.
Con la llegada de Eduardo Montealegre, muchos alcanzaron a pensar que la Fiscalía se concentraría en cumplir con su deber constitucional de investigar y acusar, no de servir como plataforma para proyectar políticamente al titular de dicha entidad.
Eduardo Montealegre, en pocas semanas, se dejó encandilar por el poder que fue depositado en sus manos, mostrando su verdadera naturaleza. Es un hombre pendenciero, intolerante a las críticas, de talante autoritario y lleno de odios.
Cuando la entonces contralora Sandra Morelli entró a investigar el billonario desfalco propiciado por Saludcoop, EPS de la que Montealegre fue abogado (Ver: “Los contratos de Montealegre”), el energúmeno fiscal enfiló sus baterías contra la funcionaria que, cumpliendo con su deber, lo único que pretendía era rescatar el dinero que Palacino y sus cómplices desaparecieron.
Ejerciendo como apoderado de Saludcoop y no como fiscal de los colombianos, Montealegre montó una infame persecución contra Morelli, intentando sin buena suerte, meterla a la cárcel por un contrato de arrendamiento celebrado por ella.
El uribismo en la mira
Montealegre es una persona filosóficamente enemiga de las ideas que promueve el expresidente Uribe y su partido, el Centro Democrático. En su juventud, militó en las filas de las juventudes comunistas y tiene una gran cercanía ideológica con la izquierda radical colombiana.
Durante los 4 años de su administración, impulsó investigaciones contra personas cercanas al expresidente Uribe. En el caso del hermano de éste, Santiago, contra toda evidencia y sin fundamento distinto a su enemistad personal con la familia Uribe, le ordenó a un subalterno suyo que profiriera una medida de aseguramiento en su contra con lo que generó un vendaval político de incalculable magnitud.
El proceso contra Santiago Uribe está sustentado en el decir de un testigo cuyo desequilibrio mental está probado y su decir está cargado de mentiras y contradicciones.
Pero Montealegre, vanidoso y egocéntrico, entendió que la única manera de “desquitarse” por las sustentadas críticas y las denuncias presentadas en su contra por el Centro Democrático –partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe- era encarcelando a Santiago Uribe.
Durante su paso por la fiscalía, Eduardo Montealegre fue un fiel subalterno de Santos.
Policía política
El activismo político de Montealegre se hizo ostensible en la campaña presidencial de 2014, cuando entre la primera y la segunda vuelta puso en marcha un espectacular plan de descrédito de la campaña del Centro Democrático, capturando a un asesor de Oscar Iván Zuluaga que supuestamente manejaba las redes sociales de la campaña, pero que en realidad era un hacker que estaba dedicado a interceptar comunicaciones de los negociadores de paz en La Habana.
Aun no se sabe cómo y porqué llegó ese sujeto a la campaña, ni la razón por la que Zuluaga se reunió con él, pero lo cierto es que el despliegue que hizo la Fiscalía para propiciar la captura del hacker tuvo un efecto inmediato en el certamen electoral: Zuluaga, que había ganado la primera vuelta, resultó derrotado en la segunda.
De forma inmediata, Montealegre vinculó a un proceso penal al asistente espiritual de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos quien se vio obligado a huir del país. Igual suerte corrió el hijo del excandidato, David quien también, para evitar ir a la cárcel, salió de Colombia.
El reto
Uno de los principales desafíos que tiene el nuevo Fiscal General, Néstor Humberto Martínez es el de devolver la confianza que los ciudadanos perdieron en la fiscalía. Para muchos ciudadanos, resultaron afrentosos los multimillonarios contratos repartidos a dedo por Montealegre y su segundo, Jorge Fernando Perdomo. Mientras los índices de impunidad siguen aumentando, ellos decidieron convertir a la entidad en un fortín burocrático en el que hubo dinero para repartir entre todos los amigos de los jefes de la fiscalía.
Montealegre llegó a un extremo insospechado: a dedo y sin que mediara licitación pública, le entregó bastantes contratos al exmagistrado José Manuel Cepeda, quien meses atrás le había comprado a él una propiedad en un lujoso condominio en la sabana de Bogotá, dejando un manto de duda sobre esa transacción: no es muy decente que un funcionario le asigne contratos con dinero público a una persona que acaba de comprarle un inmueble.
La justicia volverá a ser respetada, cuando las decisiones judiciales se adopten con base en elementos ciertos y no en odios personales. Néstor Humberto Martínez, así mismo, tiene por delante un reto de gran envergadura: acabar con el maridaje que existía entre la presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación, porque la sociedad no está dispuesta a seguir tolerando que el fiscal sea un operador político-judicial del presidente de Colombia.
@IrreverentesCol