Con burdas cortinas de humo, el presidente Santos pretende desviar la atención de graves actos de corrupción de su gobierno.
Es un truco viejo, repetido y cada vez menos eficaz. Cuando un gobierno atraviesa una crisis, busca desviar la atención de la opinión pública al precio que sea. Y eso, precisamente, es lo que está tratando de hacer Juan Manuel Santos quien no tiene respuestas convincentes para explicar la millonaria inyección de dinero en efectivo que a la gerencia de su campaña le hizo la cuestionada empresa brasilera Odebrecht.
El conveniente intento de retractación de Otto Bula, filtrado de manera inmediata por el presidente del consejo nacional electoral, Alex Vega fue, ante todo, un favor que el tribunal electoral colombiano le hizo al gobierno nacional.
El consejero Vega más se demoró en recibir la pretendida carta de Otto Bula que en convocar a una rueda de prensa para filtrarla. Santos dichoso, le agradeció a su “magistrado” de bolsillo por el favor recibido.
Se creyó que la misiva de Bula liquidaría el escándalo. Pero no fue así.
Sea lo primero preguntarle al doctor Vega cómo llegó y a través de quién la carta de Bula a su despacho en el Consejo Nacional Electoral.
Pero, más importante, ¿Por qué le fue remitida a Vega, postulado por el sector más politiquero del partido de La U y no a la magistrada Ángela Hernández, a quien le correspondió por reparto adelantar la investigación contra la campaña de Santos?
Los hechos indican que estaríamos ante un burdo montaje en el que alguien le escribió la carta a Bula –con errores de ortografía y de redacción-,otra persona la entregó a la mano del presidente del CNE y éste, raudo, la hizo pública.
El problema es que el contenido de la carta de Otto Bula no liquida el asunto de Odebrecht, salvo que el gobierno logre convencer al país que aquella empresa, en un gesto inusitado de generosidad, resolvió mandar un millón de dólares de regalo a Roberto Prieto y su testaferro Andrés Giraldo.
Bula se mantiene en que entregó el dinero. Al fin y al cabo, su función llegaba hasta ese punto y para eso le pagaba Odebrecht. De ahí en adelante, es tarea de las autoridades descubrir dónde fue parar el millón de dólares.
Si entre Prieto y Giraldo no se robaron el dinero, entonces éste ingresó a la campaña. Ya sea a la de Santos o a la de los congresistas afectos. Lo incontrovertible es que el desembolso de Odebrecht efectivamente tuvo un destino: la campaña política de 2014.
En el proceso 8000, muchos parlamentarios implicados en la narcofinanciación del Cartel de Cali, no recibieron el dinero directamente de los capos. De hecho, los aportes en efectivo les fueron entregados por el tesorero de la campaña de Ernesto Samper, Santiago Medina, quien en su casa repartía cajas llenas de plata a congresistas aliados del candidato liberal.
Algo parecido pudo suceder en este caso. Al fin y al cabo, Roberto Prieto tiene sobrada experiencia en financiación criminal de campañas políticas desde su participación activa en el 8000 (Puede leer “Del 8000 a Odebrecht”).
El desespero de la Casa de Nariño es evidente. Al darse cuenta que la carta de Otto Bula no fue suficiente, entonces pusieron al ministro del Interior a inventarse la tesis de que el periodo presidencial en Colombia debe ser de 5 años y que el cargo del vicepresidente debe desparecer.
Juan Fernando Cristo es un experto en ese tipo de baladronadas. Siendo consejero de comunicaciones de Ernesto Samper, en el peor momento de ese narcogobierno, Cristo se inventó el cuento de que Colombia construiría un canal interoceánico en el Urabá.
Samper lanzó la propuesta horas después de que el fiscal de la época anunció que llamaría a indagatoria a Horacio Serpa y otros cómplices en la administración de los dineros calientes que ingresaron a su campaña.
La carta de Bula, la propuesta de quinquenios presidenciales y el retorno a la figura del designado son puras cortinas de humo a las que los grandes medios les han hecho el debido despliegue. Pero nada hará que el país deje de indagar con ardentía por el millón de dólares de Odebrecht, la adjudicación a dedo para la construcción de la carretera entre Ocaña y Gamarra, los contratos corruptos del embajador en Italia Juan Mesa con entidades como Cormagdalena (Puede leer “El poderoso”) y las finanzas de la fundación Buen Gobierno, entidad a la que acertadamente el exprocurador Alejandro Ordóñez ha llamado “la alcabalera del régimen” (Puede leer “No me extraña que Odebrecht haya también financiado el plebiscito”).
Publicado: febrero 16 de 2017