Esto no se trata de abanderar una lucha anticorrupción. Esto es un acto de corrupción, bajo una consulta viciada con fines politiqueros y populistas.

Claudia López y Angélica Lozano, llevan más de un año, viajando por todo el país, haciendo campaña política con la excusa de una consulta anticorrupción, haciéndose ver, como adalides de la moral y las buenas costumbres, tanto que critican al exprocurador, pero no hay muchas diferencias. Y nosotros, los colombianos regulares, nos comimos el cuento entero y aplaudimos de pie, que llueva sobre mojado, porque esta Consulta resulta ridícula en su mayoría de planteamientos.

Ayer llegó a mis manos un documento sobre las consideraciones a la Consulta Anticorrupción elaborado por Margie Mojica y Camilo Enciso de la oficina de la Transparencia de la Presidencia de la República, con el cual se plantea elevar el nivel de debate en temas anticorrupción, ya que tanto se habla y hay tanto populismo como el que han promovido Claudia y Angélica, con el documento en la mano, se me fueron las dudas que siempre rondaron en mi cabeza sobre esta consulta viciada, y con la cual, nos sacarán del bolsillo más de 280 mil millones de pesos y todos felices.

El Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, desarrolló un análisis detallado que expondré. Tomo el trabajo de resaltar los puntos más importantes para que sean ustedes los jueces naturales de esta consulta o derroche populista en plena campaña presidencial.

Nada más grave y miserable, que hablar de luchar contra la corrupción, cuando se gasta innecesariamente los dineros de la Nación para politiquería.

Costos. Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, está consulta puede ascender a los 280.000 millones de pesos.

¿Saben ustedes cuál es el presupuesto para el 2018 de la Gobernación de la Guajira? 434,047 millones de pesos. “El presupuesto del Chocó para el 2017 fue de 389,724 millones de pesos. La Corporación Autónoma Regional del Cauca, tiene un presupuesto para este año de solo 7.410 millones de pesos y la Unidad de Información y Análisis Financiero (entidad muy importante para la lucha contra la corrupción) tiene un presupuesto de 10,242 millones. Colciencias cuenta con solo 339,000 millones y el Ministerio de Justicia con 93,204 millones.”

Estas son cifras que están consignadas en el documento Consideraciones Sobre la Consulta Anticorrupción como lo que expondré a continuación.

Esta consulta también resulta viciada para llevarse a cabo, como lo pretende Claudia López, candidata a la vicepresidencia, el día de las elecciones para elegir presidente de la República, debido a que jurídicamente no es viable. “Una consulta no puede realizarse de forma concomitante con las elecciones presidenciales, bien sea en primera o segunda vuelta. Fue un partido político, quien promovió la consulta, por ende, no se les estaría otorgando garantías a los candidatos presidenciales de los demás partidos y esto se puede prestar, con fines politiqueros, de agitación y proselitismo por parte de ese partido.” Sentencia T-121 de 2017. Lo mismo dictan los Art 104 y 105.

Pero aquí no termina todo, fueron tan astutos, de poner carnada al votante con una primera pregunta en la Consulta Anticorrupción que nada tiene que ver con la lucha Anticorrupción.

Todos queremos y deseamos que les bajen el sueldo a los congresistas, ¿quién no? ¿Pero eso sirve cómo lucha anti corrupción o como medida de equidad?

“La pregunta es engañosa al inducir a la ciudadanía a votar por la reducción de los salarios… No contribuye directa o indirectamente a prevenir o combatir la corrupción.

Los promotores de la Consulta como un mecanismo populista, no han entregado el análisis serio para determinar la viabilidad de bajar los salarios a cabezas visibles del Estado. No se pueden tomar decisiones de forma folclórica.

En el documento también mencionan que es improcedente bajar los salarios de los congresistas porque desincentiva la llegada de personas idóneas a estos cargos con excelente preparación. En esto no estoy de acuerdo, hoy en día, poco importa la trayectoria o experiencia de una persona para llegar al congreso, lo único que se tiene en cuenta, es la capacidad económica para alcanzar una curul. (La tula, la maquinaria y la politiquería… o si no mire quienes son la mayoría de integrantes del próximo congreso). Sin embargo, el documento resalta algo que llama la atención por su veracidad y lo copio sin omitir una coma:

“… a los congresistas y funcionarios públicos que van al Congreso a robar o enriquecerse a expensas del tráfico de influencias o la corrupción en sus diferentes formas, poco les importa que el salario sea de 40 0 25 SMLV. Su “negocio” no está ahí. Está en la venta de los cupos indicativos, en la corrupción, el interés indebido en los contratos públicos y en otras conductas antijurídicas. Los más beneficiados y contentos con la medida, serían los congresistas y funcionarios corruptos, y no los probos y decentes.” 

Y no estamos tocando el punto de las demandas que llegarán porque no es muy legal que digamos, que, de la noche a la mañana, sin una medida paulatina, les quiten la mitad de su salario. Debe existir una medida de transición para implementar esto que nada tiene que ver, con la lucha contra la corrupción. De equidad salarial, sí, pero no de lucha contra la corrupción.

Tengan en cuenta que en la consulta no se especifica a quién le bajaran el salario. Como quien dice, puede ser todo servidor público.

A la pregunta de ¿Aprueba que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de su pena en la cárcel, sin posibilidad de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

Lo chistoso es que en Colombia las penas por corrupción, deben cumplirse en la cárcel y el Estado está facultado para dar por terminados los contratos de forma unilateral, sin indemnización. Art. 8 Estatuto General de Contratación Estatal. sin embargo, en el documento ponen un ejemplo claro que no siempre es óptimo, dar por terminado un contrato. El ejemplo se da, en el caso de un distribuidor de medicamentos, esencial para la continuidad de la vida, cuyo único distribuidor es el corrupto. En esos casos, se debe continuar el contrato, pero si sugieren, cláusulas o pliegos que, sin necesidad de realizar una consulta anticorrupción tan costosa, desde el congreso pueden facultarse.

Además, la prohibición de contratar con el Estado por actos de corrupción, también existe y la condena es de un término de 20 años.

Otra populista pregunta de la Consulta:

¿Aprueba usted la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?

Esto ya existe. Artículo 100 de los presupuestos participativos, pero me pregunto para qué entonces existe un congreso si no es para determinar cómo debe ser ejecutado el presupuesto de la Nación. ¿Estaremos entonces hablando de realizar consultas costosas cada rato para ver cómo la ciudadanía quiere ejecutar el presupuesto? Interesante saber cuál será el costo para la nación, teniendo en cuenta lo que cuesta esta consulta.

Señora candidata a la vicepresidencia Claudia López… ¿Sabe usted lo que es la ley 1757 de 2015? Se la dejo de tarea… Para eso están las veedurías ciudadanas y las audiencias públicas.

Siguiente pregunta de la Consulta que nos costará un poco menos del presupuesto general que tiene el departamento del Choco o la Guajira donde la gente se muere de hambre…

¿Aprueba usted a obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de interés particular o de lobistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que hay gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?

También existe esto, el literal j del art 8 de la Ley 1828 de 2018 establece que es deber de los congresistas rendir cuentas a la ciudadanía de las obligaciones y responsabilidades Congresionales, por medio de un informe de gestión anual.

Pero si se desea aumentar el informe que se pretende con la pregunta, aprovechen que está en ejecución en el congreso, la ley para la reglamentación y de esta forma, se incorpore la obligatoriedad de los congresistas con las preguntas que a bien deseen. Como en el congreso se hacen las leyes, de paso pueden incorporar este informe obligatorio, para todos los demás corporados… Diputados, concejales, etc, etc.

Otra pregunta…

¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pagos de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros, como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?

La ley determina la obligación de presentar declaración de bienes y rentas al momento de posesionarse en el cargo, sin embargo no está regulado que deba ser de forma pública pero para evitar el costo de la consulta, bien podría plantearse esto, desde el congreso… Claro está, si tuviéramos un congreso medianamente decente, no tendríamos necesidad de llevar a cabo esta consulta, cuyas propuestas, o ya están ejecutadas en la ley, o múltiples veces las han formulado desde el capitolio sin éxito alguno.

Para los servidores públicos es claro que el derecho a la intimidad, debe quedar de lado por el principio de transparencia. Ojalá, no solo los congresistas tengan que exponer de forma publica sus declaraciones sino todos los funcionarios públicos. Esto ya se lleva a cabo en varios países, pero no entiende uno, cómo es que aquí, se les pasó ese detallito. ¿Acaso los jueces, fiscales, magistrados, ministros, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores no deberían también quedar bajo el escrutinio de la lupa publica?

Muchas babas a un alto costo para salir con esto.

Señores senadores, están ustedes en el derecho de objetar dicha consulta.

Nota: Camilo Enciso es el director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción Y Margie Mojica trabaja con él. 

@LeszliKalli

Publicado: abril 19 de 2018