Cooperar a conciencia, para garantizar el cumplimiento de los derechos de niños y niñas, es una prioridad para el país.

El 6 de noviembre de 2006, fue sancionada la Ley de Infancia y Adolescencia de Colombia, cuyo propósito principal ha sido el de centrar en los niños, niñas y adolescentes un rol protagónico para el país, buscando garatizar el goce efectivo de sus derechos.

Dicha ley fue aprobada 17 años después de ser expedida la Convención de los Derechos del niño, máxima norma internacional sobre la protección de la infancia y sus derechos. Esto es otra evidencia más de la ausencia de preocupación real en el país de proteger y velar por sus niños y niñas.

Existen muchos temas por destacar, principalmente los datos consolidados de país, en temas como las coberturas en salud y educación, el aumento de los indicadores de vacunación, la disminución de la mortalidad infantil, la reducción de la pobreza extrema, el aumento del acceso a la identidad y registro, la atención integral a la primera infancia, los avances en gratuidad y disminución en deserción escolar.

Sin embargo el balance es preocupante en temas como el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el abandono, la negligencia y el reclutamiento forzado. También son preocupantes temas como la ausencia de garantía efectiva de derechos en salud y educación en las zonas rurales y la ausencia de calidad en genereral de los servicios sociales que reciben los niños y niñas por parte del Estado.  La preocupación aumenta más, cuando observamos las condiciones de vida de menores de edad especialmente en riesgo como los niños y niñas indígenas, pues aún no tienen acceso al agua potable, a la seguridad alimentaria, ni tampoco a un sistema inicial de atención en salud y educación.

Todos estos aspectos se constituyen en grandes y prioritarios desafíos para el país. Como en efecto lo deseamos los colombianos, alcanzar la paz para todos, debemos redoblar esfuerzos y atender con urgencia las causas que conllevan a la dura situación para los menores de edad en Colombia. No es una tarea fácil, pero si la más importante.

Cooperar a conciencia y unidos, por garantizar el cumplimiento de todos los derechos de todos los niños y niñas, se constituye en una prioridad para el país. No hacerlo es absoluta miopia e indolencia.

La responsabilidad de actuar corresponde a la familia, el Estado y la sociedad.  Tenemos que hacer de la protección de la infancia y la garantía de derechos el gran propósito nacional, que llegue a las bases y se incluya en todos los instrumentos para el desarrollo, como leyes, reglamentos, acuerdos, ordenanzas, estrategias, planes, programas, proyectos de todos los sectores, los públicos en todas sus ramas y niveles de gobierno y los privados, sociales, comunitarios, los familiares y personales.

Como país, tenemos amplitud de contradicciones, pero como personas de bien, solidarias, comprometidas, pujantes, padres y madres de familia, debemos ya actuar con coherencia para cambiar lo que hoy ocurre y  gestar que lo que deseamos y damos a nuestros propios hijos, sea deseado y dado a todos los niños en Colombia. Si así lo hacemos, logramos transformar sus entornos para que puedan nacer, crecer y vivir en un ambiente de felicidad, amor y compresión.

@ForerohElvira